La ley de trabajo a distancia obliga a las empresas a formalizar un acuerdo de teletrabajo (cuando se trabaja en remoto al menos el 30% de la jornada en 3 meses) y a mantener las mismas condiciones que en presencial. En la práctica, implica asegurar registro horario fiable, proveer medios y compensar gastos, evaluar riesgos laborales en remoto y reforzar protección de datos/ciberseguridad, usando controles proporcionados y no intrusivos.
